La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) reveló que seis de cada diez empresas del rubro registraron una contracción de la demanda durante el primer semestre de 2025. Este hallazgo explica por qué el sector —extendido por todo el país y dedicado a alarmas, videovigilancia y control de accesos— detuvo inversiones, replanteó estructuras de costos y aceleró programas de capacitación para sortear un contexto económico adverso. El informe, dado a conocer en octubre y sustentado en encuestas a más de 200 compañías, identifica la reducción del consumo como principal causa del repliegue y describe cómo la industria busca sostener operaciones mientras la economía argentina atraviesa un nuevo ciclo de incertidumbre.
El documento «Segundo Semestre 2025» funciona como una radiografía de corto plazo que confirma la gravedad del retroceso y fija las preguntas centrales para el resto del año: hasta dónde se profundizará la caída, qué segmentos de negocio resultarán más resilientes y de qué manera la digitalización —que ya permeó a la mayoría de las empresas— puede convertirse en un factor estabilizador. Al concentrar evidencias duras y las respuestas corporativas, CASEL construye una mirada indispensable para proveedores, distribuidores y clientes que dependen de servicios críticos de seguridad electrónica.
Según el estudio, el 60 % de las firmas consultadas reportó un descenso de la demanda en los primeros seis meses de 2025, cifra que marca un quiebre frente a trimestres previos CASEL. Con el flujo de proyectos nuevos en pausa, cerca de la mitad de los encuestados optó por congelar su nivel de inversión y priorizar la estabilidad operativa sobre la expansión. Apenas el 33 % prevé aumentar facturación este año, señal clara de la cautela que domina la planificación de tesorerías.
La radiografía de problemáticas que acompañan la caída del consumo confirma por qué las compañías se ubican en modo defensivo. Detrás del 27,4 % que apunta a la falta de demanda, un 21 % cita los costos elevados como segundo obstáculo; la competencia informal concentra el 19,4 %, mientras que inflación y restricciones de financiamiento, con 9,7 % cada uno, completan el cuadro de presiones simultáneas. En conjunto, estos factores delinean un escenario de márgenes comprimidos que obliga a revisar cada línea del negocio, desde la cadena de suministro hasta los contratos de postventa.
Aun así, el informe también deja margen para cierto optimismo. Ocho de cada diez empresas encuestadas consideran la capacitación técnica un eje estratégico y admiten que la profesionalización se volvió ventaja competitiva, tanto para retener talento como para diferenciarse frente a actores informales. CASEL respalda esa conclusión con programas que cruzan actualización en normas de seguridad, gestión comercial y adopción de nuevas tecnologías, lo que sugiere que la formación emerge como defensa frente a la volatilidad propia del mercado.
La digitalización ofrece otro renglón favorable: el 90 % de las compañías ya opera con herramientas de software de gestión (ERP, CRM o plataformas en la nube), y el 77 % califica sus procesos internos como eficientes o muy eficientes. Esa penetración tecnológica no elimina los problemas macroeconómicos, pero aporta dos beneficios inmediatos: visibilidad sobre costos y capacidad para adaptar servicios en tiempo real, requisitos cada vez más valorados por los clientes corporativos y residenciales.
En paralelo, la experiencia del usuario se convirtió en terreno de competencia. Firmas tradicionales de instalación y monitoreo abrieron áreas exclusivas de atención y servicio postventa, convencidas de que la fidelización reduce el impacto de una demanda contractiva. Las encuestas de CASEL revelan que la satisfacción del cliente cotiza al alza dentro de los comités directivos, un giro que se evidencia en la creación de centros de soporte 24/7 y en la medición rigurosa de tiempos de respuesta ante fallas o emergencias.
La cámara que nuclea a más de 200 jugadores, con más de dos décadas de trayectoria, consolida así su rol de termómetro sectorial. Al publicar las estadísticas, CASEL refuerza su función de espacio donde confluyen fabricantes, integradores, instaladores y distribuidores para discutir lineamientos técnicos, normativos y comerciales que aborden problemas comunes: desde la informalidad hasta la necesidad de estándares de ciberseguridad en dispositivos conectados.
Ese intercambio alimenta estrategias conservadoras que buscan preservar rentabilidad y empleo. Empresas consultadas por la entidad describen un cambio de foco: detener expansiones de red, renegociar contratos logísticos y revisar portafolios de insumos importados ante la volatilidad cambiaria. La consigna es sostener la operación sin sacrificar calidad de servicio, una meta que, coinciden los ejecutivos, descansa en la confianza construida con clientes de largo plazo.
Las cifras exhibidas por CASEL se inscriben en un cuadro macroeconómico donde la industria manufacturera argentina muestra caídas interanuales y el consumo doméstico se desacelera. En ese contexto, la seguridad electrónica, históricamente considerada gasto prioritario en sectores corporativos y residenciales de alto valor, enfrenta la paradoja de ser esencial pero sensible a la capacidad de pago. La temprana adopción de software, la profesionalización de la fuerza laboral y el enfoque en la experiencia del usuario aparecen como anclas que podrían amortiguar el golpe, aunque la sostenibilidad definitiva dependerá de la reactivación general y de políticas que ataquen la informalidad y faciliten crédito productivo.
