South Brookline, Massachusetts — Los vehículos que circulen por Independence Drive en el complejo residencial Hancock Village pronto quedarán registrados por sofisticadas cámaras de lectura de matrículas impulsadas por inteligencia artificial. Chestnut Hill Realty (CHR) implementará estos dispositivos —suministrados por la startup Flock Safety— con el objetivo declarado de disuadir actividades delictivas, una iniciativa que otorgará acceso directo a la policía local y ha generado tanto respaldo oficial como intenso escrutinio ciudadano.
En una reciente reunión pública, Jennifer Murphy, directora de operaciones de CHR, explicó que la medida constituye «una estrategia preventiva» tras diversos incidentes menores en la zona. El Departamento de Policía de Brookline, bajo la dirección de la jefa Jennifer Paster, respaldó la propuesta y obtendrá autorización para consultar las matrículas almacenadas, mientras la alcaldesa agradeció públicamente a la empresa por «anteponer la seguridad del vecindario» brookline.news.
A diferencia de los sistemas tradicionales, los equipos de Flock Safety capturan el número de placa, marca, color y dirección del vehículo, cotejando esta información con bases de datos de vehículos buscados. El sistema, según la compañía, ya opera con más de 80.000 cámaras en Estados Unidos y comparte información con cientos de departamentos policiales, incluidos planes de integración con la policía de Boston, posicionando a la firma como un actor relevante en la expansión de la vigilancia automatizada brookline.news.
La iniciativa en Brookline se sitúa en la intersección de dos tendencias nacionales: el uso de lectoras de matrículas por parte de empresas privadas y la creciente colaboración con cuerpos policiales. Quienes la respaldan la presentan como un candado tecnológico frente a robos y delitos contra la propiedad; detractores, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advierten de un posible «panóptico» digital. En juego están tanto la sensación de seguridad en el vecindario como la definición de los límites de la privacidad en espacios semipúblicos.
El plan contempla la instalación inicial de varias cámaras en puntos de entrada y salida de Hancock Village, complejo donde residen más de 1.200 familias. Murphy destacó que «los candados mantienen honestas a las personas honradas» y que la inversión corre íntegramente a cargo de la empresa. Los dispositivos funcionarán las 24 horas y enviarán automáticamente alertas a la policía cuando una placa coincida con listas estatales o federales de vehículos robados o personas desaparecidas.
La jefa Paster describió el sistema como «una herramienta indispensable que mejorará nuestras capacidades operativas». El acuerdo estipula que la policía de Brookline podrá consultar la base de datos durante 30 días tras la captura; transcurrido ese plazo, las imágenes se eliminan salvo que formen parte de una investigación en curso. Cada búsqueda quedará registrada con la identificación del agente para «garantizar trazabilidad y evitar usos arbitrarios», señaló Kristen MacLeod, representante de Flock Safety, durante la audiencia.
El proyecto recibió luz verde preliminar del Comité Asesor del Comisionado de Policía con una votación mayoritaria. En la sesión, la alcaldesa —cuyo nombre no se menciona en el acta, pero cuya declaración fue citada por CHR— se mostró «agradecida por la actitud proactiva» de la inmobiliaria brookline.news. Solo un miembro, C. Scott Ananian, votó en contra, expresando dudas sobre «potenciales abusos si no existen protecciones sólidas».
La reacción más crítica provino de la ACLU de Massachusetts. Kade Crockford, director del Programa de Tecnología y Libertad, advirtió que «estas tecnologías pueden convertirse en instrumentos de seguimiento sistemático que vulneren la privacidad ciudadana». El argumento central: mientras la policía debe solicitar una orden judicial para acceder a registros privados, aquí recibiría un flujo constante de datos sin supervisión judicial previa.
Flock Safety subraya que sus dispositivos no incluyen reconocimiento facial, una práctica prohibida en Brookline desde 2020. Sólo se captura la matrícula y características del vehículo. Aun así, expertos en privacidad señalan que el simple rastreo de placas permite reconstruir patrones de desplazamiento y, por extensión, inferir afiliaciones religiosas, médicas o políticas de los conductores.
Un aspecto decisivo es la titularidad de los datos. Chestnut Hill Realty conservará la propiedad y podrá compartirlos «según considere conveniente» con la policía u otras entidades. Aunque la empresa afirma que su política interna prohíbe la comercialización de la información, organizaciones de derechos digitales recelan de ese compromiso voluntario y piden que se establezca por ordenanza municipal.
Tras la aprobación del comité, la policía trabaja en un protocolo específico que detalle cuándo y cómo consultará las placas, duración de las búsquedas y mecanismo de auditoría. Murphy adelantó que, si la experiencia resulta exitosa, CHR replicará el modelo en otras propiedades del estado. «Es parte de nuestra responsabilidad como propietarios velar por la seguridad de nuestros inquilinos», afirmó.
El caso de Brookline no es aislado. Flock Safety ha pasado, en apenas cinco años, de ofrecer soluciones a asociaciones vecinales a firmar contratos con ciudades enteras. La cifra de 80.000 cámaras la coloca a la par de grandes redes estatales como las de Georgia o Texas. La propia empresa ha anunciado acuerdos piloto con Boston, lo que implica que la infraestructura de vigilancia podría conectarse próximamente a bases de datos metropolitanas brookline.news.
Para los defensores de la medida, la lógica es simple: más ojos —aunque sean de silicio— reducen la oportunidad de cometer delitos y facilitan la captura de sospechosos. Estudios internos de Flock Safety, aún sin revisión independiente, señalan descensos de hasta 70% en robos de autos allí donde se despliegan sus dispositivos. Sin embargo, la correlación no implica causalidad y, de momento, faltan investigaciones académicas que confirmen o refuten esas cifras.
En el otro extremo, los críticos temen una «normalización» de la vigilancia privada con acceso público. Una vez instaladas, las cámaras podrían expandirse en número y finalidad sin la participación ciudadana que acompaña normalmente a las ordenanzas municipales. Brookline aprobó en 2021 una moción que obliga a evaluar el impacto de cualquier tecnología de vigilancia; no quedó claro si la iniciativa de CHR se someterá a la misma revisión al tratarse de propiedad privada.
La discusión refleja además una cuestión de equidad: las cámaras se concentran en zonas de clase media-alta gestionadas por firmas privadas, mientras barrios con menos recursos dependen de la inversión pública para reforzar la seguridad. Si la tendencia continúa, podría surgir un mapa desigual de vigilancia donde algunos residentes disfruten de protección extra y otros queden fuera de las bases de datos, con implicaciones para la investigación policial y la percepción de justicia.
Mientras se afinan los detalles reglamentarios, las primeras cámaras podrían estar operativas antes de fin de año. Brookline se suma así a una lista creciente de municipios que delegan parte de la seguridad pública en sistemas privados de alta tecnología. La balanza entre prevención del delito y preservación de libertades civiles volverá a ponerse a prueba cuando las primeras consultas a la base de datos arrojen resultados. Lo que ocurra en Hancock Village podría servir de referencia para futuras políticas de seguridad en toda el área metropolitana de Boston.
Fuentes
- https://brookline.news/chestnut-hill-realty-plans-to-install-ai-powered-license-plate-reader-cameras-in-south-brookline/
